El suministro público de agua es una función obligatoria que, en principio, corresponde a los municipios en el marco de su autonomía administrativa. Deben abastecer de forma adecuada a la población y a las instalaciones comerciales y de otro tipo de su territorio con agua potable y agua industrial, aunque también pueden delegar estas funciones en otras entidades de derecho público (por ejemplo, en mancomunidades). A menudo, son las empresas o sociedades propias de los municipios las que se encargan de estas tareas (por ejemplo, los servicios municipales).

No existe obligación de suministro por parte de los municipios

1. cuando el suministro no sea posible por motivos técnicos o debido a un esfuerzo desproporcionadamente elevado, y
2. en lo que respecta al suministro de agua industrial, cuando sea razonable que el consumidor limite esta necesidad o la cubra por otros medios.

Si el suministro de agua a la propiedad se realiza a través de la red pública de abastecimiento, deberá dirigirse al ayuntamiento o a la empresa de suministro de agua competente en caso de tener alguna duda.